“La CPI en crisis: Karim Khan, escándalos y un futuro incierto para la justicia global”.
Por Félix Madariaga
En un mundo marcado por conflictos armados, represión estatal y violaciones sistemáticas a los derechos humanos, la Corte Penal Internacional (CPI) debiera representar un faro de justicia imparcial. Sin embargo, lejos de ese ideal, la institución atraviesa una profunda crisis de legitimidad, debilitada por escándalos internos, decisiones geopolíticamente selectivas y un liderazgo gravemente comprometido.
La Corte Penal Internacional (CPI) ha vuelto a ser noticia, pero no por cumplir con su propósito fundamental de impartir justicia internacional, sino por los escándalos que sacuden a su cúpula y por su cada vez más cuestionada credibilidad. Lo que debería ser un bastión de imparcialidad y legalidad, se tambalea entre acusaciones de conducta inapropiada, conflictos de interés y una alarmante selectividad política.
A fines de 2024, el fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, fue objeto de una investigación tras ser acusado de “conducta sexual inapropiada”. Resulta inconcebible que quienes ocupan cargos de tal responsabilidad enfrenten este tipo de denuncias. La Oficina de Servicios de Supervisión Interna de las Naciones Unidas (OIOS) asumió la investigación, y aunque Khan, en un principio, negó las acusaciones y se negó a dimitir, se apartó temporalmente del cargo en mayo de 2025.
Los señalamientos en su contra son graves: abuso de poder, coerción sexual, represalias contra empleados y faltas éticas reiteradas. El escándalo no solo daña la imagen del fiscal, sino que arrastra a la propia Corte, que ya se encontraba bajo una fuerte presión internacional por sus actuaciones sesgadas.
Pero este no es el único flanco por el que se cuestiona la imparcialidad de Khan. En paralelo, surgió un conflicto de interés de proporciones: el fiscal mantiene un vínculo familiar con Venkateswari Alagendra, abogada defensora del régimen de Nicolás Maduro en una causa por delitos de lesa humanidad. La revelación, confirmada por medios de prestigio como The Washington Post, pone más en tela de juicio su neutralidad, especialmente considerando que Khan ha sido acusado de inacción por no pronunciarse al respecto.
A esto se suma otro hecho revelador, mientras la CPI enfrenta cuestionamientos por su selectividad, el fiscal ha solicitado órdenes de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin y contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por crímenes de guerra.
La reciente visita del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a Hungría, país miembro de la CPI, lejos de representar un acto de cooperación, fue leído como un abierto desafío a la Corte, que había emitido una orden de arresto contra Netanyahu por presuntos crímenes de guerra. Este tipo de situaciones, sumadas a la inacción de la CPI en otros casos igualmente urgentes, refuerzan la percepción de una justicia geopolíticamente condicionada.
Este doble estándar ha sido denunciado por organizaciones de derechos humanos, juristas y medios en todo el mundo. La percepción generalizada es que la Corte actúa con dureza contra los enemigos de Occidente, mientras cierra los ojos ante violaciones cometidas por sus aliados. Así, se deslegitima su rol como garante de justicia universal.
La situación actual ha profundizado la crisis existencial de la CPI. A las críticas externas se suman las internas: funcionarios, ONGs y organizaciones de víctimas que exigen rendición de cuentas y verdadera imparcialidad. Durante meses, Khan desoyó los llamados a renunciar mientras se investigaban las denuncias.
Frente a este panorama, la CPI se enfrenta a una encrucijada: reformarse o extinguirse como actor legítimo en el escenario internacional. La credibilidad perdida no se recupera con comunicados o promesas, sino con acciones firmes, transparencia y coherencia. Porqué, cómo puede una institución impartir justicia cuando sus máximas autoridades son objeto de investigaciones por abuso de poder, encubrimientos y escándalos sexuales?
Hoy más que nunca, el mundo necesita una Corte Penal Internacional fuerte, imparcial y libre de influencias políticas. La justicia internacional no puede ser un privilegio de algunos ni una herramienta de presión diplomática. Si la CPI quiere recuperar el sentido por el que fue creada, debe empezar por mirarse al espejo, rendir cuentas y actuar con la ética que exige su misión. Porque si la justicia es parcial, entonces no es justicia.
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